El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, respondió a las críticas emitidas por las diputadas América Aguilar del PT y María Antonieta Pérez Reyes de Morena, quienes denunciaron fallas en el funcionamiento de la página del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, que depende del Registro Civil del Estado.
De la Peña indicó que las declaraciones de las legisladoras parecen basarse en un malentendido del funcionamiento de este registro, que tiene como objetivo recabar información proveniente del Poder Judicial para identificar a personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias.
Explicó que el sistema requiere una información precisa y que, en el caso presentado, se intentó generar una constancia con nombres falsos, lo que impidió que el sistema identificara correctamente a los deudores alimentarios.
El funcionario detalló que para que una persona sea incluida en este registro, debe haber un incumplimiento reiterado de tres meses consecutivos o bien acumular cinco meses de incumplimiento, aunque no sean consecutivos. En este contexto, subrayó que es fundamental entender cómo opera el sistema antes de emitir juicios.
De la Peña lamentó que, en su opinión, las diputadas no estén completamente informadas sobre el funcionamiento del registro, lo que podría generar opiniones equivocadas sobre su eficacia. «Creo que son opiniones mal informadas», comentó, y añadió que está dispuesto a recibir a las legisladoras, junto con el director del Registro Civil, para explicarles en detalle cómo funciona este importante sistema.
El secretario también destacó que este registro ha puesto a Chihuahua a la vanguardia respecto a otras entidades del país en la lucha contra el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, y pidió que, en lugar de cuestionar su funcionamiento, se trabaje en conjunto para robustecer su operación y mejorar los servicios que brinda.
Finalmente, de la Peña expresó que este esfuerzo es fundamental para garantizar los derechos de las mujeres y de los niños, protegiendo a quienes dependen de una pensión alimenticia para su bienestar.